Informe del Consejo para la Transparencia revela un fuerte aumento de los recursos destinados a la región. Sin embargo, la Subsecretaría del Interior no desglosó cuánto fue utilizado específicamente para contratar camiones aljibe.

Más de $10 mil millones recibió La Araucanía durante 2025 desde el Fondo de Emergencia por escasez hídrica, de acuerdo con antecedentes contenidos en una fiscalización extraordinaria realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

El informe, que examinó la contratación de camiones aljibe por parte de municipios y delegaciones presidenciales, incluye antecedentes proporcionados por la Subsecretaría del Interior sobre los recursos entregados a las regiones para enfrentar los efectos de la falta de agua.

En el caso de La Araucanía, los montos informados llegaron a $6.012 millones durante 2024, mientras que en 2025 aumentaron hasta $10.063 millones.

La diferencia representa un incremento de aproximadamente $4.051 millones, equivalente a cerca de un 67% en un año.

Sin embargo, la fiscalización detectó una dificultad para establecer exactamente cuánto de esos recursos terminó destinado a la contratación de camiones aljibe.

El CPLT había solicitado a la Subsecretaría del Interior información correspondiente a 2023 y 2024, pero el organismo entregó cifras de 2024 y 2025. Tampoco proporcionó el desglose de los recursos según el tipo de gasto.

Debido a ello, el Consejo advirtió que no es posible determinar qué proporción del Fondo de Emergencia fue utilizada específicamente para distribuir agua potable mediante camiones aljibe y cuánto correspondió a otras medidas destinadas a enfrentar la escasez hídrica.

Fiscalización detectó problemas de información

A nivel nacional, la investigación identificó 370 contratos de transporte y distribución de agua potable mediante camiones aljibe, por un monto total superior a los $30.192 millones durante 2023 y 2024.

Uno de los principales problemas detectados fue precisamente la trazabilidad de la ayuda entregada.

Entre las 34 instituciones que reconocieron contar con contratos de camiones aljibe, solamente un 73% informó o se pronunció sobre la cantidad de litros de agua distribuidos y un 71% respecto del número de hogares beneficiados.

El propio informe advierte que estos fueron los antecedentes con menor nivel de respuesta, pese a tratarse de información necesaria para determinar cómo y a quiénes llegó el beneficio.

La fiscalización también encontró incumplimientos en el procedimiento de acceso a información pública en 85 de las 152 instituciones consultadas, equivalente al 56%.

El informe concluye que existen brechas en la entrega y estandarización de la información sobre estos recursos, dificultando conocer con precisión el destino final del gasto destinado a enfrentar la emergencia hídrica.