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Publicado por: Claudio Nuñez | lunes 17 de agosto de 2026 | Publicado a las: 16:49
El Gobierno Regional de La Araucanía presentó una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos, luego de conocerse el informe final de Contraloría sobre los millonarios convenios suscritos con la Universidad Autónoma de Chile.
La acción fue anunciada por el gobernador regional René Saffirio, luego de que la Contraloría Regional de La Araucanía concluyera su revisión de las transferencias realizadas mediante convenios entre el Gobierno Regional y la casa de estudios.
Los antecedentes examinados forman parte de diez convenios que involucraron transferencias por más de $21 mil millones a la Universidad Autónoma de Chile.
Según explicó Saffirio, la gravedad de los antecedentes contenidos en el informe llevó a la propia Contraloría a remitirlos al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Servicio de Impuestos Internos (SII).
“Frente a esto, como Gobierno Regional hemos actuado con la máxima celeridad y sin ninguna consideración que no sea el cuidado de los recursos de todos los habitantes de La Araucanía”, afirmó el gobernador.
La reacción del Gobierno Regional contempla dos líneas de acción. La primera fue instruir sumarios administrativos internos destinados a establecer eventuales responsabilidades funcionarias, procedimientos que, según indicó Saffirio, se desarrollarán bajo supervisión de Contraloría.
La segunda fue llevar los antecedentes directamente al ámbito penal.
El gobernador confirmó que el GORE presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la eventual comisión de los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos.
La acción se dirige, en primer término, contra la Universidad Autónoma de Chile como persona jurídica, representada legalmente por su rector, Teodoro Ribera, y comprende además a exautoridades regionales, exfuncionarios y funcionarios del Gobierno Regional.
Será la investigación del Ministerio Público la que deberá determinar si los hechos denunciados efectivamente constituyen delitos y establecer eventuales responsabilidades penales. La presentación de la denuncia, por sí misma, no supone que exista responsabilidad penal acreditada de las personas o instituciones involucradas.
Los antecedentes conocidos del informe permiten dimensionar la magnitud de las observaciones.
De los recursos transferidos mediante los convenios examinados, la Universidad Autónoma había rendido aproximadamente $14.329 millones al cierre de la auditoría, mientras otros $6.929 millones permanecían sin rendición.
Pero Contraloría también puso atención sobre los recursos que sí habían sido rendidos. Cerca de $6.800 millones se encontraban observados, mientras aproximadamente $155,5 millones habían sido reintegrados.
La fiscalización incluyó además un examen detallado de 117 partidas por aproximadamente $966,9 millones, seleccionadas mediante criterios de riesgo y cruces de información con organismos como el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Electoral y la Dirección del Trabajo.
De esa revisión surgieron diez observaciones calificadas como “altamente complejas”.
Entre los antecedentes conocidos aparecen iniciativas que figuraban administrativamente como ejecutadas y rendidas pese a que Contraloría detectó problemas respecto de su materialización.
También fueron observadas 73 facturas posteriormente anuladas mediante notas de crédito, por un monto aproximado de $127,5 millones, situación que dificultaría acreditar el destino efectivo de esos gastos.
Otro de los aspectos examinados corresponde a procesos de aprobación de iniciativas millonarias que habrían completado distintas etapas administrativas en periodos particularmente breves.
El informe aborda asimismo saldos por más de $134 millones que permanecieron sin rendición y las actuaciones realizadas para gestionar su recuperación.
Todos estos antecedentes deberán ahora ser analizados por las instituciones a las cuales Contraloría remitió el informe y por el Ministerio Público a partir de la denuncia presentada por el Gobierno Regional.
Saffirio aseguró que el Ejecutivo regional colaborará con las instituciones encargadas de investigar los antecedentes y puso el foco en recuperar los recursos públicos que eventualmente permanezcan pendientes.
“Nuestro compromiso es uno solo, que cada peso transferido se rinda, que cada peso no rendido se recupere y que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, sostuvo.
El gobernador agregó que el Gobierno Regional colaborará con la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría en las diligencias que sean necesarias.
El Informe N°744/2025 se encuentra publicado por el propio Gobierno Regional de La Araucanía, mientras el caso abre ahora una nueva etapa administrativa y penal para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los convenios y del manejo de los recursos transferidos.
