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Publicado por: Claudio Nuñez | lunes 10 de agosto de 2026 | Publicado a las: 12:07
La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de poner término al modelo de concesión previsto para importantes obras viales del Gran Concepción generó repercusiones fuera de Chile, particularmente en España, país de origen de varias de las principales compañías que participan en el sistema chileno de infraestructura concesionada.
La controversia se originó luego de que el Ejecutivo resolviera echar pie atrás a las concesiones destinadas a desarrollar nuevos corredores de transporte público en las rutas 160, entre San Pedro de la Paz y Coronel; 150, entre Concepción y Penco; y la Autopista Concepción-Talcahuano. Las obras pasarán ahora a ejecutarse directamente mediante recursos del Ministerio de Obras Públicas y su Dirección de Vialidad.
De acuerdo a Radio Bío Bío, la decisión fue recogida por el periódico económico español Expansión, que advirtió sobre la preocupación generada entre grandes compañías de infraestructura de ese país con operaciones e intereses en Chile.
El medio sostuvo que el cambio adoptado por la administración Kast habría encendido las alarmas en el sector y recogió críticas de fuentes financieras que cuestionaron el efecto que decisiones de esta naturaleza podrían generar sobre la seguridad jurídica y el atractivo de Chile para futuros inversionistas.
Una de las fuentes citadas por Expansión sostuvo que “Chile opta por asustar a los inversores”, contrastando el escenario chileno con las señales hacia la inversión privada que, a juicio de esa fuente, estarían mostrando otros países latinoamericanos.
La española Azvi, involucrada en los contratos afectados, también cuestionó las consecuencias que tendría el cambio.
Según antecedentes recogidos por BioBioChile desde un informe de la compañía, bajo el esquema originalmente previsto las obras estarían terminadas y operativas hacia fines de 2031.
La empresa estima que el nuevo escenario podría generar un retraso de cuatro años, trasladando la puesta en funcionamiento hasta 2035. Además, sostiene que el Estado deberá asumir directamente eventuales sobrecostos vinculados con desvíos de servicios públicos, interferencias, hallazgos arqueológicos y gestión social de las obras.
Desde el Ejecutivo, en cambio, la determinación ha sido defendida sobre la base de la situación fiscal del país y los compromisos financieros de largo plazo que implicaban las concesiones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habría advertido al Ministerio de Obras Públicas que mantener proyectos que generan compromisos fiscales durante varios años introduciría presiones adicionales sobre el gasto público que, bajo las condiciones actuales, no serían posibles de absorber.
La controversia adquiere una dimensión adicional debido al peso que mantienen las compañías españolas en el sistema de concesiones chileno. Empresas como Sacyr, Azvi, Abertis, Acciona, Sanjosé y Globalvia han participado en diferentes proyectos de infraestructura en el país.
El debate se instala además en momentos en que el Gobierno busca proyectar señales destinadas a aumentar la inversión privada y recuperar el crecimiento económico. Este domingo, el propio presidente Kast afirmó que desde el inicio de su administración existe un mayor grado de confianza de los inversionistas en Chile.
La discusión sobre las obras del Gran Concepción abre así un flanco para esa estrategia: mientras el Ejecutivo justifica el cambio por razones fiscales, desde España comienzan a surgir cuestionamientos respecto de los efectos que modificaciones en proyectos ya encaminados podrían tener sobre las futuras decisiones de inversión.
Fuente: BioBioChile, a partir de antecedentes publicados por el periódico económico español Expansión y declaraciones del Gobierno.
Foto: Contexto
