La aprobación de casi toda la denominada megarreforma del Gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados no cerró la disputa política. Parlamentarios de oposición presentaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de impugnar disposiciones que consideran incompatibles con la Constitución.

De acuerdo con Radio Bío Bío, dos de las acciones apuntan directamente al nuevo régimen de invariabilidad tributaria, mientras una tercera cuestiona el mecanismo de indemnizaciones para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente.

Invariabilidad tributaria bajo cuestionamiento

Uno de los requerimientos fue presentado por 21 senadores de oposición y busca impugnar artículos que establecen condiciones tributarias estables para determinadas inversiones durante periodos de 10, 15 e incluso 20 años.

Los parlamentarios argumentan que impedir cambios en determinadas reglas durante plazos tan extensos podría limitar la capacidad de futuros gobiernos y del propio Congreso para modificar la legislación tributaria, afectando —según sostienen— principios democráticos y de alternancia en el poder.

Una tercera presentación, impulsada por diputados opositores, también apunta a esta figura y cuestiona que una ley pueda establecer mecanismos destinados a mantener inalterables algunas de sus propias disposiciones durante varios años.

Indemnizaciones por permisos ambientales anulados

El segundo frente constitucional cuestiona los artículos que permiten entregar una compensación con recursos fiscales a titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental haya sido anulada mediante una sentencia firme.

La norma contempla compensar determinados gastos directos y efectivos efectuados por el inversionista sin exigir necesariamente que exista previamente una falta de servicio acreditada por parte del Estado.

Los senadores que presentaron el requerimiento sostienen que este mecanismo podría generar un trato privilegiado y cuestionan que el Estado deba asumir costos incluso en situaciones donde la anulación ambiental pudiera estar relacionada con deficiencias del propio proyecto.

Ahora será el Tribunal Constitucional el encargado de determinar inicialmente si los tres requerimientos cumplen las condiciones para ser admitidos a trámite. Si son declarados admisibles, el organismo deberá pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones antes de la promulgación definitiva de las disposiciones cuestionadas.

La ofensiva abre así un nuevo capítulo para la megarreforma apenas horas después de que el Gobierno consiguiera aprobar la mayor parte de su contenido en el Congreso.