Los exfuncionarios, entre ellos el jefe de la Tenencia Talca Oriente, fueron enviados a prisión preventiva. La investigación sostiene que habrían cometido cerca de 200 delitos utilizando recursos institucionales para sustraer dinero, plantar evidencia y fabricar procedimientos policiales. Reportaje de Radio Bío Bío reveló detalles de la acusación.

Una investigación de la Fiscalía destapó un complejo caso de presunta corrupción policial que involucra a seis excarabineros de la Tenencia Talca Oriente, quienes fueron formalizados y enviados a prisión preventiva por integrar una supuesta organización criminal dedicada a cometer delitos aprovechando su condición de funcionarios policiales.

De acuerdo con antecedentes revelados en un reportaje de Radio Bío Bío, la estructura habría operado entre septiembre de 2025 y abril de 2026 bajo el liderazgo del entonces jefe de la unidad policial, el teniente Víctor Sebastián Oñate Pinto. Junto a él fueron formalizados el suboficial mayor Cristián Antonio Miranda Retamal, el sargento segundo Rodrigo Esteban Arriagada Sánchez y los cabos primero Sergio Andrés Alarcón Rodríguez, Leonardo Andrés Sáez Quiñones y Jorge Enrique Bascuñán Meneses, todos dados de baja de la institución.

Según la acusación del Ministerio Público, los imputados habrían participado en al menos diez procedimientos distintos que derivaron en cerca de 200 delitos, incluyendo robo con intimidación, robo en lugar habitado, asociación criminal y falsificación de instrumento público. La Fiscalía sostiene que utilizaban sus facultades policiales para detener personas, ingresar a domicilios y apropiarse de dinero en efectivo, además de confeccionar partes policiales con información falsa para justificar procedimientos y abrir causas penales contra las propias víctimas.

La investigación describe un modus operandi reiterado. Los funcionarios llegaban a locales comerciales o interceptaban personas bajo el argumento de fiscalizar delitos vinculados al contrabando de cigarrillos. Posteriormente inutilizaban cámaras de vigilancia, registraban los inmuebles, revisaban pertenencias personales y sustraían dinero u otras especies. Luego confeccionaban documentos policiales donde se consignaban situaciones de flagrancia que, según la Fiscalía, nunca ocurrieron, incorporando además drogas, armas u otros elementos para respaldar las acusaciones.

Uno de los episodios más graves habría ocurrido el 26 de diciembre de 2025. Según la acusación, cinco de los imputados detuvieron a un joven de 19 años que conducía un vehículo con encargo por robo y posteriormente ingresaron por la fuerza a su domicilio. Allí habrían sustraído más de un millón y medio de pesos pertenecientes a distintos integrantes de la familia. La Fiscalía sostiene que al retirarse del lugar, y frente a los reclamos de la madre por los ahorros de sus hijos, el entonces teniente Oñate le señaló: “agradezca que no le llevamos el refri y que no trajimos los perros”.

El caso derivó en una causa penal contra el joven por receptación, microtráfico, porte ilegal de armas de fogueo y porte ilegal de municiones. Sin embargo, la investigación actual sostiene que la evidencia utilizada para sustentar esas imputaciones habría sido fabricada por los propios funcionarios.

Otro de los hechos investigados afectó a una pareja detenida en diciembre de 2025 en una pastelería de Talca. De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios sustrajeron dinero en efectivo desde la cartera de una de las víctimas y posteriormente obtuvieron bajo amenazas la autorización para ingresar a su domicilio. La acusación sostiene que la mujer fue presionada para entregar su dirección mientras permanecía esposada, preocupada por no tener quién retirara a su hijo desde el colegio.

Como consecuencia de ese procedimiento, tanto ella como su esposo fueron formalizados por diversos delitos, mientras que el hombre quedó en prisión preventiva. La Fiscalía sostiene que tanto las drogas como el armamento supuestamente encontrados durante el operativo habrían sido plantados por los policías.

La investigación también incluye el caso de un adulto mayor de 80 años, propietario de un almacén, quien habría sido obligado a permitir una fiscalización en su negocio. Según el Ministerio Público, los funcionarios se apropiaron de más de 600 mil pesos en efectivo, incluyendo recursos correspondientes a su pensión de vejez y dinero obtenido de la recaudación de su local comercial.

La formalización fue sustentada por la Fiscalía mediante declaraciones de víctimas y testigos, registros audiovisuales, documentación institucional, partes policiales presuntamente falsificados e interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, antecedentes que permitieron sostener la existencia de una organización criminal estructurada que habría utilizado recursos estatales para cometer delitos.

Considerando la gravedad de los hechos y el peligro para la seguridad de la sociedad, el Juzgado de Garantía de Talca decretó la prisión preventiva de los seis imputados y fijó un plazo de investigación de cinco meses para continuar reuniendo antecedentes.