Brunner sostuvo que los problemas de la región tienen una densidad histórica única, anterior incluso a la República, y que deben ser abordados por la región y el país en su conjunto.

Señala que hoy se concibe a las universidades “a ser rentables y a hacer que toda su acción sea rentable; y desde la burocracia, a cumplir con un conjunto de reglas, exigencias y estándares fijados externamente”.

Claudio Núñez Q.

El académico y exministro de Educación, José Joaquín Brunner estuvo en Temuco para presentar el libro “Universidad entre invención y herencia”, obra que reúne distintas miradas sobre el presente y futuro de la universidad desde las ciencias sociales y las humanidades.

Tras su paso por la Universidad de La Frontera, conversó con Tiempo 21 sobre los principales desafíos de la educación superior en Chile, la presión del mercado y la burocracia sobre las universidades, el debate por el financiamiento estudiantil, la irrupción de la inteligencia artificial y el rol que deben cumplir las casas de estudio en medio de un país marcado por la polarización y la desconfianza institucional.

En ese contexto, Brunner también se refirió a la situación de la Ufro, a las crisis de gobernanza y gestión que pueden afectar a las instituciones universitarias, y entregó una mirada cauta, pero contundente, sobre La Araucanía. A su juicio, se trata de una región marcada por problemas de enorme densidad histórica, política, económica y cultural, cuya solución no depende solo de las universidades, sino de la región y del país en su conjunto.

En el libro Universidad entre Invención y Herencia se plantea que la universidad actual enfrenta tensiones entre autonomía, burocracia, mercado, evaluación externa y misión pública. Desde su mirada, ¿cuál es hoy la mayor amenaza para el sentido original de la universidad?

Yo creo que la mayor amenaza es doble. Por un lado, lo que uno puede llamar —y suele llamarse así— la economización de la universidad. Es decir, concebir a la universidad exactamente a la manera de cualquier otra entidad económica y preguntarse, por tanto, en términos del lenguaje económico, cuál es la utilidad de la universidad. Eso significa reducirla estrictamente a algo económico: cuánto valor económico produce la universidad y cuánto produce cada cosa que la universidad hace. Y cualquier cosa relativamente compleja que la universidad haga, si no pasa este test del valor económico, del impacto sobre el empleo o sobre la riqueza nacional, lleva a la gente a decir: “No, la universidad en realidad ya no sirve para lo que necesitamos, porque lo que necesitamos es riqueza material”. (…) Desde ese punto de vista, se le pide a la universidad que responda a decenas de reglamentos, de estándares, que dé cuenta detalladamente de cuánto rinde y cómo rinde, de si es productiva o no es productiva. Ahí convergen el riesgo de la economización con el riesgo de la burocratización. Yo creo que estamos exactamente en ese punto: la universidad está siendo convocada desde lo económico a ser rentable y a hacer que toda su acción sea rentable; y desde la burocracia, a cumplir con un conjunto de reglas, exigencias y estándares fijados externamente a la universidad.

¿Cómo ve este escenario en Latinoamérica?

Es muy parecido. En el fondo, este movimiento de dos palancas es global, porque las fuerzas que están detrás son, por un lado, la economía capitalista y, por otro, los Estados burocráticos y, en general, los aparatos burocráticos. Es algo que recorre la historia del siglo XX y XXI con distintas formas, desde China hasta Estados Unidos, pasando por Australia o Kenia. En cada parte adopta variedades distintas cuando llega a la universidad, porque cada país tiene tradiciones institucionales, culturales y maneras distintas de aproximarse a estos fenómenos. Pero el fenómeno doble de presión sobre la universidad —lo economizante y lo burocratizante— efectivamente se encuentra en México, Brasil, Argentina o Paraguay. En cada parte es distinto. Por ejemplo, en Chile, Brasil, República Dominicana, Perú o Costa Rica hay crecientemente una provisión de educación superior por entidades privadas, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica privados. Eso en otros países es mucho menor, como en Argentina, o es cero en Cuba, para hablar de un caso un poco doloroso. De modo que cómo se concreta esto en cada país es distinto, pero las fuerzas actuando son las mismas.

Usted escribe sobre “salvar el alma en la universidad”. En un sistema cada vez más medido por indicadores, productividad académica, rankings y exigencias administrativas, ¿qué significa concretamente salvar esa alma universitaria?

Es una metáfora para hablar de cómo uno puede mantener, en medio de la torsión que generan estas fuerzas, la radicalidad libre de cada uno para reflexionar críticamente sobre cuál es el sentido de las actividades que está realizando como académico, con su equipo, con su departamento, (…) Se trata de preguntarse cómo es posible mantener la búsqueda del sentido, la capacidad de imaginar futuros posibles y la idea de que uno quisiera tener una institución lo menos condicionada desde fuera posible. Eso es lo que yo llamé, metafóricamente, salvar el alma. No el alma de la universidad, sino cómo nosotros, los académicos, podemos salvar nuestra alma, que es la lealtad a una tradición milenaria de gente que, desde el siglo XI, se reúne con otros pares para dos cosas fundamentales, recibir a las nuevas generaciones y formarlas; y, por otro lado, cultivar el conocimiento, producir nuevo conocimiento, cuidar el nuevo conocimiento y desarrollarlo.

En el país se discute permanentemente sobre financiamiento, gratuidad, endeudamiento estudiantil y regulación de la educación superior. ¿Chile ha logrado construir una política universitaria de largo plazo o estamos respondiendo solo a crisis parciales?

Yo creo que hemos tenido cierta política, no tan explícita como si todo estuviera en un solo documento, porque no es así la política. Está en múltiples expresiones. Pero no tengo duda de que el desarrollo de la educación superior chilena a partir del año 90 apuntó a gruesos objetivos que todos los gobiernos, de una u otra manera y cada uno con su enfoque, siguieron, expandir el sistema y el acceso al sistema; favorecer que los sectores de menores ingresos y de capitales socioculturales más bajos pudiesen acceder a la educación superior; diferenciar mucho más la oferta de la educación superior, y lo hemos ido haciendo con los CFT, IP y universidades; y darle a todo este sistema una cierta consistencia, calidad y sustentabilidad económica. Yo creo que eso ocurrió a lo largo del último cuarto de siglo, unos 25 años. ¿Está eso hoy día todavía vigente? Por cierto, que no. Ya no está. Necesitamos algo que proyecte para los próximos 25 o 50 años lo que hicimos durante el período anterior. (…) También está la pregunta sobre qué relación habrá en los próximos 30 años, con la revolución digital, entre lo que entregamos como formación en las instituciones, los títulos y el nuevo movimiento de las economías en Chile y en el resto del mundo.

Entonces, yo creo que efectivamente hoy día estamos, por el momento, respondiendo nada más que a las crisis inmediatas. Tenemos que tratar el problema del financiamiento estudiantil, sí, porque hubo una crisis del CAE y todavía no llegamos a ponernos de acuerdo en cuál va a ser el régimen sustitutivo. Se dijo el FES, no tuvo éxito, y hoy día vamos a entrar a discutir cómo reponemos un crédito contingente al ingreso que realmente sea estable, que ayude a todos los jóvenes que lo necesitan y que sea capaz de recuperar en el tiempo el gasto que se va a realizar a través de este sistema.

¿Usted es partidario de mantener el CAE o de sacarlo?

Yo soy partidario de aprovechar la experiencia del CAE para hacer un régimen de crédito contingente al ingreso muy superior al que tuvimos. Entre otras cosas, tenemos 20 años de aprendizaje con fondos, primero el Fondo Solidario, luego el CAE. Conocemos perfectamente cuáles fueron los problemas, qué fue lo que falló, y hoy día podríamos hacer un nuevo régimen de crédito contingente al ingreso que, desde ese punto de vista, va a tener cierta semejanza con los anteriores, pero reorganizado sobre nuevas bases.

La irrupción de la inteligencia artificial fue brutal. Las universidades enfrentan el desafío de adaptarse a nuevas formas de enseñar, investigar y producir conocimiento. ¿Ve usted a las instituciones de educación superior preparadas para este cambio o existe el riesgo de que la tecnología termine profundizando la burocratización y la pérdida del pensamiento crítico?

Yo creo que ninguna institución que yo conozca, en ninguna parte del mundo —desde gobiernos, empresas, grandes oficinas constructoras, industrias, servicios, comercio, transporte, hospitales o salud— está preparada para lo que viene. Todos estamos tensionados por algo que apareció a una velocidad increíble, que cada tres o cuatro meses da pequeños saltos incrementales, cada vez con mayor velocidad y profundidad, en la generación de aquello con que nosotros trabajamos, el conocimiento experto. Estos sistemas son sistemas masivos de generación de conocimiento experto y van a impactar directamente, y de maneras completamente distintas, a todos estos sectores, entre ellos a la universidad. Van a impactar en sus tareas de docencia, que serán muy distintas de lo que ocurra con las tareas de vinculación con el medio o con las tareas de investigación. No, yo creo que nadie está preparado. Cada vez que escucho decir “nosotros estamos perfectamente preparados” o, por el contrario, “aquí no hay ninguna capacidad y esto muestra una vez más que Chile y sus universidades son retardatarias”, me parece retórica demagógica.

Sobre la misma, ¿cómo puede impactar no solo en la academia, sino también en profesiones como la medicina, la docencia, el derecho, la ingeniería o el periodismo? Hay personas que lo ven con mucha preocupación.

Todo el mundo lo ve con preocupación, y está bien que así sea, porque hay que preocuparse de entender primero, de tratar de proyectar, de ejercer, practicar y experimentar con todos los riesgos. Con los médicos que converso y que están involucrados en esto, se dan perfectamente cuenta de que desde los diagnósticos —que hoy día la inteligencia artificial ya es capaz de hacer con una calidad, una velocidad y un costo completamente distinto y más bajo que en el mundo analógico— hasta las posibilidades reales, no en 20 años más, sino el próximo año, de que operaciones extremadamente delicadas empiecen a ser hechas básicamente por una combinación de inteligencia artificial, robótica y ser humano. Será una especie de tríada nueva actuando, donde va a ser difícil decir cuánto aportó la robótica, cuánto aportó la inteligencia artificial con sus diagnósticos inmediatos y cuánto aportó el humano involucrado en esto. Yo creo que cada cual va a experimentar una transformación de las prácticas y de la manera de concebir su profesión. Va a ser radicalmente alteradora del statu quo y de lo que hemos aprendido durante las últimas décadas y siglos. Eso va a pasar con los abogados, con los ingenieros, está pasando con nosotros los investigadores, va a pasar con los profesores y, ni hablar, con los periodistas y el mundo de las comunicaciones. Es decir, esta es una tecnología absolutamente general, como a veces se dice, parecida a la electricidad. Solo que no tiene comparación con ninguna anterior, porque es capaz de expresarse en el lenguaje con que los humanos hemos construido el mundo.

Usted viene a una universidad como la Ufro, que en los últimos años ha enfrentado una crisis económica, administrativa e institucional que ha golpeado su imagen pública y, sobre todo, la confianza interna. ¿Cómo se sale de una crisis de esta magnitud y qué errores no deberían volver a repetirse?

Es delicado hablar de estos temas, porque cada institución es un mundo de vida y de trabajo con sus propias especificidades, y los externos nunca llegamos a entender en detalle todo eso. Pero lo que uno puede decir, observando más bien el conjunto de las crisis que han experimentado diversos tipos de instituciones en Chile y fuera de Chile, es que en general es casi imposible imaginar que esto no haya tenido que ver, por lo menos, con dos cosas. Una, con una gobernanza que falla, en algún punto es la gobernanza de la institución la que tiene que haber tenido fallas para que llegase a producirse lo que se produjo en cada una de estas crisis. Y lo otro tiene que ver con gestión. Las universidades están expuestas a enormes fuerzas de cambio en su entorno, que tienen que ver con demandas de los mercados y con demandas de las burocracias. Han tenido que desarrollar nuevas capacidades de gestión profesional en todos los niveles. (…) En alguna parte todo eso empieza a fallar. Entonces, tenemos problemas de gobierno y problemas de gestión. Y también gestión de los recursos humanos, control de costos, transparencia interna y órganos encargados de estar permanentemente supervisando. Si se llega a estas crisis, es porque fallaron los mecanismos de supervisión que están en alguna parte de la estructura de gobierno de las universidades. De lo contrario, alguien habría prendido 25 semáforos antes de llegar al colapso. Cuando se produce el colapso, efectivamente hay responsabilidades en el gobierno, muy claras, y responsabilidades en la gestión. Ahora, cómo hacemos para que esto no se vuelva a repetir supone haber resuelto en profundidad los problemas de gobernanza y de gestión.

En el plano nacional, el país vive un escenario político marcado por alta polarización, desconfianza institucional y demandas sociales persistentes. Desde su experiencia, ¿qué papel debería jugar la educación superior en la reconstrucción de un debate público más serio y menos confrontacional?

Creo que tiene un papel extraordinariamente importante en sociedades que están en etapas muy delicadas de su propio desarrollo, tanto del desarrollo de su institucionalidad como de profundización o crisis de la democracia. También vivimos una convivencia cotidiana extremadamente polarizada en estos tiempos, no solamente en el plano político-ideológico, sino también en la mera convivencia, a través de esto que llaman microviolencia y que se estudia, por ejemplo, en los colegios, microviolencia física, psicológica y hoy día cibernética. Entonces, ¿qué puede hacer la universidad? Lo que la universidad debería aportar es precisamente comprensiones cada vez más acabadas y profundas de los fenómenos que estamos viviendo.

A su vez, aportar antecedentes racionalmente producidos y verificados que faciliten la deliberación pública y conduzcan, particularmente a la esfera política y en general a las élites de la sociedad chilena, a enfrentar los problemas en la magnitud que tienen, con perspectivas de mejorar y aumentar el bienestar general de la sociedad.

Pero también existe una crítica desde la ciudadanía, que a veces dice que la academia está lejos de la realidad. ¿Qué pasa ahí?

Siempre existe esta distancia y esta crítica de la gente respecto de la academia, de la intelectualidad y de los científicos. Están todos estos estereotipos del científico que vive en el aire, que se tropieza porque no ve las piedras. Es la misma crítica que se le hace a la universidad como institución: que está alejada. Pero yo creo que las instituciones, si uno las mira bien y conoce por dentro lo que hacen, están vinculadas de múltiples maneras con los problemas de su entorno. Cada facultad está metida con los hospitales, con los temas del deporte, con los tribunales de justicia. (…) Desde ese punto de vista, yo creo que el diagnóstico es equivocado. Las instituciones universitarias tienen muchísimas antenas puestas en distintos lados y con distintas profundidades de la sociedad. (…) Pero a veces se le pide a la universidad que sea incidente incluso en eso. Nosotros podemos formar, pero no podemos, por ejemplo, asegurarle empleo a la gente, porque ese no es un papel de la universidad ni es su responsabilidad. (…) Por eso, a la universidad no se le puede exigir que en cada cosa esté en la punta de ofrecer una respuesta.

En La Araucanía hemos vivido históricamente un clima complejo, especialmente en sectores rurales marcados por hechos de violencia. ¿Qué diagnóstico hace de la región en la actualidad?

No hago ningún diagnóstico, dicho con honestidad, porque sería realmente de una enorme audacia hacerlo en la región que, por razones históricas, económicas, políticas y culturales, es absolutamente la más complicada del país. Acá vivimos problemas que en ninguna otra parte podemos decir que tienen la antigüedad que tiene el país. Son problemas que preceden a la República, eso le da una densidad histórica enorme. Tengo claro, porque conozco las universidades de la región, que varias de ellas tienen un compromiso muy serio con abordar, hasta donde es posible, estos problemas. Pero no son problemas que la universidad vaya a poder resolver, son problemas a los que la universidad, por distintos canales —docencia, investigación, vinculación con el medio y presencia comunitaria— puede ayudar a abordar. Pero son problemas que la región completa y, en este caso, el país completo, tienen que enfrentar. Cuando los hemos discutido como país nos ha ido muy mal. Por ejemplo, en la Convención Constitucional 1 y en la Constitución 2. Eso muestra la densidad y la complejidad de estos problemas, no tienen solución si no se abordan desde el marco constitucional hasta la microeconomía. En todo lo intermedio, la región tiene que actuar y salir adelante en medio de sus problemas.

¿Y qué opinión tiene de la Comisión por la Paz y el Entendimiento?

Creo que fue una instancia muy interesantemente concebida y lo que logró avanzar también fue muy interesante. No tengo duda de que esto es acumulación, porque no es una solución en sí misma. La solución va a ir naciendo de este tipo de instancias y de otras similares.