Parlamentarios de la Comisión de Trabajo oficiaron al Ministerio del Trabajo luego de que cifras oficiales revelaran que cerca del 75% de empresas y organismos públicos no cumple con la cuota mínima de contratación de personas con discapacidad.

Preocupación generaron en el Congreso las cifras que evidencian el bajo cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral en Chile. Según antecedentes oficiales, cerca del 75% de las empresas privadas y organismos públicos todavía no alcanza la cuota mínima exigida para contratar personas en situación de discapacidad.

Ante este escenario, los diputados de la Comisión de Trabajo, Stephan Schubert y Erich Grohs, ingresaron un oficio de fiscalización dirigido al Ministerio del Trabajo y Previsión Social para exigir información y medidas concretas frente al incumplimiento de la normativa.

La Ley N°21.015, vigente desde 2018, obliga a empresas e instituciones públicas con 100 o más trabajadores a reservar al menos el 1% de sus puestos laborales para personas con discapacidad o beneficiarias de una pensión de invalidez.

Sin embargo, a casi ocho años de su entrada en vigencia, los resultados siguen siendo insuficientes y mantienen abiertas las críticas respecto al verdadero avance de la inclusión laboral en el país.

El diputado Stephan Schubert sostuvo que el desafío ahora es transformar las cifras en oportunidades reales para las personas con discapacidad. “El desafío actual es transformar estas cifras en oportunidades reales de inclusión. Necesitamos fortalecer el rol orientador del Estado y trabajar en conjunto con el ministerio para facilitar que tanto las empresas como los organismos públicos cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con la ley y dar el ejemplo”, afirmó.

Por su parte, el diputado Erich Grohs emplazó al Ejecutivo a transparentar las fallas detectadas y acelerar acciones concretas. “Exigimos saber qué fallas se han detectado y qué medidas urgentes se van a tomar. La inclusión laboral no puede ser una declaración de buenas intenciones, sino que se requiere gestión, fiscalización y compromisos reales”, señaló.

En el oficio, los parlamentarios solicitaron además conocer cuáles son las metas proyectadas por el Gobierno para mejorar el cumplimiento de la ley entre los años 2026 y 2029.

Desde organizaciones vinculadas a la discapacidad también manifestaron preocupación por las cifras. El presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, aseguró que “el diagnóstico es claro y la brecha del 75% es preocupante. Esta iniciativa busca guiar y garantizar que las compañías cumplan de manera efectiva y sostenible con la normativa vigente”.

La situación vuelve a instalar el debate sobre las dificultades que enfrentan miles de personas con discapacidad para acceder al mundo laboral formal, pese a la existencia de una ley que buscaba precisamente avanzar hacia una mayor integración e igualdad de oportunidades.