Diez familias pagaron entre 30 y 90 millones de pesos como pie para adquirir casas en un exclusivo condominio que nunca se construyó en el sector Trañi-Trañi. El perjuicio económico bordea los 600 millones de pesos.

En libertad quedó el ingeniero constructor formalizado por el delito de fraude, acusado de ofrecer viviendas de lujo en un exclusivo proyecto inmobiliario que jamás fue construido en la comuna de Temuco.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Temuco, donde la magistrada Viviana García acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó como medidas cautelares la firma periódica y la prohibición de salir del país para el imputado.

Según la investigación liderada por el fiscal Luis Torres, el acusado ofrecía propiedades al interior del proyecto “Parque Condominio Arrebol”, iniciativa que contemplaba 68 viviendas de alto estándar en el sector Trañi-Trañi, cuyos valores superaban los 600 millones de pesos por inmueble.

Sin embargo, pese a las millonarias promesas y campañas de promoción realizadas incluso a través de redes sociales, el proyecto nunca se materializó.

La Fiscalía sostiene que al menos 10 víctimas entregaron montos que fluctuaban entre 30 y 90 millones de pesos como pie para asegurar la compra de sus futuras viviendas, generando un perjuicio cercano a los 600 millones de pesos.

El persecutor detalló que la investigación comenzó hace aproximadamente dos años, luego de que los afectados presentaran querellas criminales contra el representante de la Inmobiliaria Santa Eugenia SPA. “El tribunal dio por acreditada la existencia de este delito, que es un fraude de falsa promesa de venta de un inmueble”, sostuvo el fiscal Torres tras la audiencia.

Una de las víctimas es la médico Fernanda Corsini Bravo, quien entregó un pie cercano a los 96 millones de pesos para adquirir una de las viviendas ofrecidas por la inmobiliaria.

Su abogado querellante, José Martínez, lamentó que el tribunal no acogiera la solicitud de arresto domiciliario total para el imputado, aunque valoró que durante la formalización quedara expuesto el mecanismo utilizado para captar a las víctimas. “Quedó claro el modus operandi y la forma de comisión del delito, además de la cantidad de personas perjudicadas”, afirmó.

Por su parte, la defensa del ingeniero constructor, encabezada por el abogado Rolando Franco, sostuvo que el fracaso del proyecto estuvo relacionado con las consecuencias económicas derivadas de la pandemia y aseguró que su representado mantiene la intención de responder económicamente ante algunos afectados.

La jueza fijó un plazo de cinco meses para el desarrollo de la investigación. En paralelo, los querellantes solicitaron congelar parte de los bienes del imputado y de integrantes de su familia, buscando evitar eventuales ventas o transferencias de patrimonio mientras avanza la causa.