Exjefas del programa de Derechos Humanos denuncian un cambio de criterio que podría facilitar libertades o penas alternativas.

Una fuerte polémica se instaló en el Ministerio de Justicia luego de que exjefas del Programa Nacional de Derechos Humanos denunciaran un cambio de criterio en la política de cumplimiento de penas para condenados por violaciones a los derechos humanos.

Según acusaron las abogadas Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, la cartera habría instruido que los abogados del programa no intervengan en audiencias donde se discuten beneficios penitenciarios.  

De acuerdo a lo señalado, la medida implicaría que el Estado deje de oponerse a solicitudes de libertad o cumplimiento alternativo de condenas, lo que generó una inmediata reacción desde las denunciantes.

En ese contexto, advirtieron que “la inacción del Estado de Chile favorece las solicitudes de las defensas de los agentes para cumplir en libertad o bajo arresto domiciliario”.  

Además, cuestionaron el impacto de esta decisión en las víctimas, señalando que “esta falta de representación para las familias de las víctimas se aleja del propósito central del Programa y del marco jurídico nacional e internacional”.  

Según la denuncia, la instrucción habría sido impartida por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a través de la jefatura del programa, estableciendo que los abogados no participen en instancias clave como audiencias por rebajas de pena o beneficios carcelarios.  

Las exautoridades también calificaron esta situación como una especie de “indulto pasivo”, ya que —afirman— permitiría que condenados por crímenes de lesa humanidad accedan a beneficios sin oposición del Estado.  

El caso abre un nuevo foco de tensión en materia de derechos humanos, especialmente por el rol que históricamente ha tenido el Estado en representar a las víctimas y oponerse a beneficios para condenados por estos delitos.