El exseremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, cuestionó la falta de claridad del Gobierno y advirtió que reducir el alcance territorial de la medida podría debilitar la capacidad preventiva del Estado.

En medio del debate sobre eventuales cambios al estado de excepción en la Macrozona Sur, el exseremi de Seguridad Pública de La Araucanía y presidente regional del Partido Liberal de Chile, Israel Campusano, manifestó su preocupación por la falta de claridad en las definiciones del Ejecutivo respecto al futuro de la medida.

El exautoridad advirtió que “existe una confusión que es peligrosa: no se entiende si se va a reforzar o acotar el estado de excepción. Y en seguridad, la ambigüedad cuesta caro”, señaló.

Campusano sostuvo que actualmente no existirían condiciones para disminuir el alcance de la medida en la zona, indicando que el escenario actual requiere mayor claridad operativa y fortalecimiento de los recursos disponibles. “No están las condiciones para acotar el estado de excepción. Hoy lo que se requiere es fortalecerlo, con más claridad operativa y recursos reales”, afirmó.

En su análisis, también planteó que las decisiones en materia de seguridad deben considerar factores estratégicos del territorio, incluyendo actividades económicas que requieren protección, “por ejemplo, en La Araucanía se desarrolla una parte relevante de la industria del salmón, particularmente en la producción de ovas, que es estratégica para el país. Ese tipo de activos no necesariamente está en las comunas ‘acotadas’, pero sí requiere protección”, explicó.

Asimismo, el exseremi cuestionó las señales que ha entregado el Ejecutivo respecto a los recursos destinados a seguridad, recordando “hace poco se habló de recortes en seguridad y luego hubo que aclararlo. Entonces es razonable pedir claridad: no se puede hablar de reforzar mientras hay señales contradictorias en recursos”.

Finalmente, Campusano indicó que cualquier modificación al estado de excepción debe realizarse con criterios claros y una mirada estratégica del territorio, evitando decisiones que puedan debilitar la capacidad preventiva del Estado.