Plan “Chile Sale Adelante” despliega ocho medidas para contener el impacto del alza del petróleo, en medio de un ajuste que traspasará fuertes incrementos a los precios internos.

El Gobierno presentó un paquete detallado de medidas para enfrentar el impacto del alza de los combustibles, en un contexto marcado por el incremento histórico del precio del petróleo a nivel internacional y las limitaciones fiscales que enfrenta el país.

El ajuste contempla una modificación en la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), lo que permitirá traspasar con mayor rapidez las variaciones internacionales a los precios locales. En ese escenario, se proyectan alzas de hasta $370 por litro en gasolina de 93 y $580 en diésel a partir del 26 de marzo.

Frente a este escenario, el Ejecutivo anunció el plan “Chile Sale Adelante”, una batería de medidas orientadas a mitigar el impacto en distintos sectores de la población y la economía.

La primera de ellas apunta al transporte público en Santiago, donde se determinó el congelamiento de tarifas del sistema Red —ex Transantiago— hasta el 31 de diciembre de 2026, asegurando que no habrá aumentos en el pasaje durante ese período.

En regiones, en tanto, el Gobierno comprometió la disposición de recursos para contener el alza del transporte público, reconociendo que el impacto del incremento en los combustibles se traslada directamente a los costos operacionales del sistema.

En materia de calefacción, se anunció una rebaja en el precio de la parafina, que volverá a niveles de febrero de 2026 y se mantendrá congelada durante el otoño e invierno. Para sostener esta medida, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley con discusión inmediata para ampliar el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP), elevándolo desde los actuales US$5 millones a US$60 millones.

Otra de las medidas está dirigida al transporte menor, específicamente taxis y taxis colectivos, para quienes se estableció una subvención mensual de $100 mil por vehículo, la que se extenderá por hasta seis meses mientras se mantenga la contingencia.

En paralelo, el BancoEstado habilitará una nueva línea de financiamiento preferencial orientada a taxis y colectivos, con el objetivo de facilitar la renovación de flotas y promover la electromovilidad como alternativa frente al alto costo de los combustibles tradicionales.

El plan también contempla acciones en materia de seguridad para el transporte de carga, estableciendo un trabajo conjunto con gremios de transportistas para implementar medidas en rutas y zonas de descanso, en un contexto donde el encarecimiento del diésel impacta directamente en la logística nacional.

A nivel tributario, el Ejecutivo anunció la suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que actualmente beneficia a empresas no transportistas, las que pasarán a regirse por el mismo sistema que los transportistas, como parte de un ajuste para equilibrar la carga fiscal.

Finalmente, el Gobierno aseguró que el Plan de Reconstrucción Nacional se mantendrá en ejecución, afirmando que las medidas adoptadas buscan enfrentar la crisis sin afectar beneficios sociales vigentes.

El paquete de medidas se da en un contexto internacional complejo, tras el conflicto en Medio Oriente que elevó el precio del petróleo en más de un 50% en pocas semanas, generando una presión directa sobre economías altamente dependientes de la importación de combustibles, como es el caso de Chile.