Más de mil auditores revisarán gastos, contratos y convenios del aparato público, en una de las primeras medidas de control del nuevo Ejecutivo.

El gobierno del Presidente José Kast puso en marcha una auditoría total al Estado, instruyendo a los servicios públicos a entregar información sobre el uso de recursos fiscales en un plazo de 17 días.

La medida se concretó en la primera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia encabezada por autoridades del Ejecutivo y que busca revisar el funcionamiento financiero y administrativo del aparato público.

El proceso contempla la movilización de más de mil auditores internos, quienes analizarán áreas clave como transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, gestión de personal y ejecución presupuestaria.

El primer plazo fijado por el Gobierno apunta a recopilar información correspondiente a 2025 y hasta el 11 de marzo de 2026, con fecha de entrega hasta el 6 de abril, para luego avanzar con reportes progresivos de años anteriores.

Desde el Ejecutivo enfatizaron que el objetivo es conocer el estado real de las finanzas públicas y reforzar la transparencia. En esa línea, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, señaló que “este proceso es un esfuerzo inédito (…) para decirle con total transparencia a los chilenos en qué se gastó cada peso público”.

Asimismo, se aclaró que esta auditoría no reemplaza el rol de la Contraloría, sino que corresponde a una revisión interna del propio gobierno, cuyos resultados podrían derivar en acciones administrativas o en la entrega de antecedentes a organismos competentes.

La iniciativa forma parte de las primeras definiciones del nuevo gobierno, que ha planteado la necesidad de revisar en profundidad el estado de las cuentas fiscales y el uso de recursos públicos heredados de la administración anterior.