La senadora advirtió que la medida se suma al retiro de decretos ambientales, mientras el Ejecutivo confirmó que el documento será revisado antes de su reingreso.

La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, cuestionó duramente al Gobierno tras acusar el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos desde la Contraloría, abriendo un nuevo foco de tensión en la agenda política.

La parlamentaria vinculó esta decisión con otras acciones recientes del Ejecutivo, señalando que existe una señal preocupante en materia institucional. “No solo aquí se han retirado de la Contraloría de toma de razón los más de 40 decretos de medio ambiente, sino que también el Plan Nacional de Derechos Humanos”, afirmó.

En esa línea, Pascual enfatizó que se trata de una política de Estado que trasciende a los gobiernos de turno, por lo que exigió claridad sobre las razones detrás de la medida. “Era el tercer plan que ha hecho el Estado de Chile, por lo tanto, a mí me parece que necesitamos explicaciones, no solo como Parlamento, sino que como ciudadanía”, agregó.

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029 había sido aprobado previamente como una hoja de ruta que contemplaba más de 170 acciones coordinadas entre distintos organismos públicos, con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos fundamentales en el país.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó la decisión, aunque aclaró que se trata de una medida transitoria. “Sí, ello es efectivo. Ese proyecto se va a revisar como corresponde a una nueva administración y luego va a ser reingresado a Contraloría cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto”, sostuvo.

La autoridad también dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones al contenido del plan antes de su eventual reingreso, lo que ha sido interpretado por sectores políticos como un cambio en el enfoque de la política de derechos humanos.

El retiro del documento implica, en la práctica, la suspensión de su entrada en vigencia, ya que la toma de razón por parte de Contraloría es un paso obligatorio para su implementación.

El episodio se produce en paralelo a otras decisiones del Ejecutivo, como el retiro de decretos ambientales, configurando un escenario que ha intensificado el debate sobre el rumbo de las políticas públicas en áreas sensibles como el medio ambiente y los derechos humanos.