La senadora por La Araucanía advirtió que, de mantenerse el actual ritmo de restitución de tierras, el conflicto territorial podría extenderse por más de un siglo. Instó al Ejecutivo entrante a impulsar cambios estructurales basados en las propuestas de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, llamó al Presidente electo a asumir con decisión política las propuestas emanadas de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, advirtiendo que el actual sistema de restitución de tierras no ofrece una salida viable en plazos razonables.

Según los antecedentes técnicos recogidos por la instancia, si se mantiene el ritmo vigente de compra y restitución a través de la institucionalidad actual, el proceso podría tardar entre 80 y 160 años en completarse. Para la parlamentaria, esa proyección refleja la magnitud del desafío y la necesidad urgente de introducir cambios estructurales.

“No reconocer que el sistema actual podría demorar más de cien años en cumplir los compromisos ya adquiridos por el Estado implica, en la práctica, seguir aumentando la deuda histórica”, sostuvo Aravena. A su juicio, insistir en un modelo que proyecta soluciones a más de un siglo carece de viabilidad política, social y ética.

La senadora subrayó que el informe no solo diagnostica el problema, sino que propone una transformación institucional con financiamiento claro, criterios objetivos y un marco jurídico que permita avanzar con plazos acotados y sostenibilidad fiscal. En esa línea, enfatizó que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de convertir ese diagnóstico en decisiones concretas.

Desde una perspectiva regional, Aravena advirtió que la paz social en La Araucanía no puede construirse sobre expectativas que se dilatan por generaciones. Señaló que la prolongación indefinida del proceso no solo afecta a las comunidades que esperan reparación, sino que también impacta la estabilidad económica, la inversión y la gobernabilidad del territorio.

Finalmente, emplazó al Ejecutivo entrante a analizar “en su mérito” las 21 medidas propuestas por la Comisión, con asesoría experta y viabilidad presupuestaria. “La Araucanía necesita certezas. Necesita un camino institucional que no proyecte el conflicto por un siglo más, sino que establezca plazos realistas y responsabilidad política”, afirmó.