Autoridades decretaron la prohibición inmediata de funcionamiento de la Fundación Legado del Nono tras constatar falta de personal, alimentos vencidos y serias falencias en infraestructura y protocolos de emergencia.

En un operativo conjunto entre autoridades de salud y justicia, se decretó la prohibición inmediata de funcionamiento y la clausura de la sede de la Fundación Legado del Nono, residencia de adultos mayores ubicada en Pucón, tras detectarse graves deficiencias sanitarias y de seguridad que ponían en riesgo la integridad de sus residentes.

La acción se concretó apenas dos semanas después de que testigos presentaran denuncias formales y la concejala Marina Matus elevara los antecedentes ante la Fiscalía de Pucón, activando un protocolo de fiscalización inmediata para proteger a las personas mayores que vivían en el recinto.

La inspección fue encabezada por Maritza Flandes, fiscalizadora de la Seremi de Salud de La Araucanía, junto a la fiscal subrogante de Pucón, Melitina Sanhueza. En el procedimiento participaron además representantes del Senama, entre ellas la asistente social Carola Parra y la abogada Giselle Gutiérrez, acompañadas por Felipe Figueroa del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) y personal médico del Departamento de Salud Municipal.

El equipo multidisciplinario realizó un recorrido de más de dos horas por dormitorios, cocinas y áreas comunes, constatando un escenario de vulnerabilidad crítica. La autoridad sanitaria verificó que el establecimiento carecía de las autorizaciones legales básicas para operar y registraba un peligroso déficit de personal, con solo dos trabajadores para atender a once adultos mayores.

A ello se sumó el hallazgo de alimentos y sueros vencidos, un manejo deficiente de medicamentos y una infraestructura que no cumplía con los estándares mínimos de seguridad contra incendios ni con planes de evacuación.

Ante la gravedad de las infracciones, la autoridad determinó un plazo perentorio de 30 días para que los residentes sean retirados del lugar y entregados a sus familias. Al respecto, la concejala Marina Matus enfatizó que esta medida responde al cumplimiento estricto de la Ley 21.013, señalando que cuando un recinto no garantiza condiciones mínimas de higiene y personal, el Estado tiene la obligación de intervenir para evitar que las personas mayores vivan en situaciones de riesgo o indignidad.

La concejala reafirmó su compromiso con el bienestar de la comunidad, indicando: “Mi compromiso es y será siempre con nuestra gente, especialmente con quienes hoy son más vulnerables. Es fundamental que las familias no deleguen el cuidado por completo; deben estar presentes y verificar constantemente que sus adultos mayores reciban una atención de calidad, incluso en estos recintos. Como autoridades, este caso debe sensibilizarnos para buscar formas de apoyo más efectivas que eviten la repetición de estos hechos. No basta con cerrar puertas, debemos trabajar unidos para garantizar que envejecer en nuestra comuna sea sinónimo de dignidad y seguridad”.

Finalmente, el recinto quedó sujeto a un proceso sancionatorio cuya resolución se definirá tras el periodo de descargos de la administración y una visita de verificación programada para el cierre del plazo, la cual confirmará el cese definitivo de las operaciones en las condiciones actuales.