La Contraloría General de la República tomó razón de los contratos entre Corfo, Codelco y SQM, despejando el camino para la Estrategia Nacional del Litio. El acuerdo garantiza la continuidad operacional en el Salar de Atacama, permitiendo que el Estado tome el control mayoritario de la producción a partir de 2031 y proyectando un crecimiento de hasta 300.000 toneladas anuales antes de que termine la década.

El pacto no solo asegura ingresos fiscales masivos y estabilidad laboral, sino que impone un estándar ambiental inédito: la eliminación total del agua continental en los procesos y la implementación del proyecto «Salar Futuro». Además, consolida una mesa de participación activa con las comunidades atacameñas, transformando la renta minera en desarrollo territorial directo para el norte del país.

Chile ha sellado este viernes su pasaporte hacia el liderazgo mundial en la transición energética. La Contraloría General de la República (CGR) dio el «visto bueno» final a los contratos que formalizan la alianza público-privada entre Corfo, Codelco y SQM, permitiendo la explotación del Salar de Atacama hasta el año 2060. Esta resolución es el pilar fundamental de la Estrategia Nacional del Litio, ya que resuelve la incertidumbre sobre el bache productivo que amenazaba al país para 2030. Con esta toma de razón, Codelco entrará de manera temprana en la operación, adquiriendo el know-how técnico y comercial necesario antes de asumir la gestión mayoritaria de las pertenencias de Corfo en la próxima década.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, destacó que este paso asegura la «presencia activa del Estado» en una industria estratégica, garantizando que la mayoría de la renta generada por el mineral blanco quede en manos del fisco. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, subrayó que el acuerdo permitirá alcanzar niveles de producción de hasta 300.000 toneladas de LCE anuales antes de 2030, una cifra necesaria para capturar valor en un mercado global de alta demanda. La eficiencia no vendrá sola: el contrato obliga a las empresas a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 2026 bajo el proyecto «Salar Futuro», que promete una minería sostenible con nuevas tecnologías de extracción directa.

Uno de los puntos más sensibles y mejor evaluados del acuerdo es el resultado de la Consulta Indígena, en la que participaron 51 organizaciones del Pueblo Atacameño. Los nuevos contratos establecen que la participación de las comunidades no será meramente consultiva, sino activa a través de una mesa liderada por Corfo para el seguimiento de obligaciones ambientales. El compromiso incluye la disminución gradual del consumo de agua continental hasta su reemplazo total, el uso de energías limpias y el financiamiento de I+D para agregar valor al mineral en territorio chileno. Con este blindaje jurídico y social, el Estado chileno no solo asegura ingresos, sino que intenta saldar una deuda histórica con el ecosistema y los habitantes del Salar.