El Juzgado de Garantía de Temuco desestimó los argumentos de la defensa y confirmó que la exfuncionaria del GORE seguirá recluida en el Centro Femenino. La decisión mantiene la cautelar más gravosa en una de las aristas más complejas del Caso Convenios en la región.

La resolución surge mientras la Fiscalía ya alista una acusación que suma 22 años de presidio por fraude al fisco y cohecho. El fallo no solo frena las aspiraciones de libertad de la imputada, sino que tensiona el tablero político local a las puertas de la preparación del juicio oral.

La magistrada Marcia Castillo sepultó este jueves las esperanzas de libertad de Susan Alarcón Rubilar, exfuncionaria clave del Gobierno Regional de La Araucanía. En una audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juzgado de Garantía de Temuco resolvió mantener la prisión preventiva para la imputada, quien permanece recluida en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino bajo cargos de corrupción pública. La jueza rechazó los argumentos de la Defensoría Penal Pública, que calificaba como excesivo el tiempo de encierro sin una condena ejecutoriada, priorizando la gravedad de los delitos imputados en la denominada «arista Manicure».

El escenario judicial para Alarcón se ha endurecido tras la presentación formal de la acusación por parte del Ministerio Público. Los persecutores solicitan una pena total de 22 años de cárcel, atribuyéndole autoría en delitos reiterados de fraude al fisco y cohecho. Según la tesis fiscal, la exfuncionaria habría facilitado el desvío de fondos públicos que originalmente debían financiar capacitaciones de belleza para mujeres vulnerables, programas que terminaron convirtiéndose en el epicentro de un escándalo de malversación que sacude los cimientos del GORE Araucanía.

Mientras la defensa de Alarcón ya adelantó que apelará ante la Corte para revertir la medida, la justicia local envía una señal de rigor ante la inminente preparación del juicio oral, donde ocho acusados enfrentarán las pruebas recolectadas durante meses de investigación. En La Araucanía, la permanencia de la exfuncionaria tras las rejas refuerza la percepción de una fiscalización exhaustiva sobre el uso de los recursos regionales, en un caso que sigue bajo el escrutinio público por la magnitud de los montos involucrados y la jerarquía de los nombres implicados en la administración pública.