El magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago fue removido de su cargo tras ser vinculado al abogado Luis Hermosilla, imputado en el Caso Audios. Con esto, queda inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años.

El Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, quien se desempeñaba en la Corte de Apelaciones de Santiago. La medida implica su destitución del Poder Judicial y una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos.

La acción fue impulsada por diputados oficialistas, luego de que se revelaran vínculos entre el magistrado y el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios, investigación que ha remecido al mundo político y judicial.

Los vínculos con Hermosilla

Durante la tramitación, Ulloa reconoció haber compartido resoluciones y acuerdos judiciales con Hermosilla, aunque aseguró que se trataba de documentos “de menor relevancia” y que no influyeron en decisiones judiciales.

El juez también afirmó que nunca recibió favores ni dinero y que sus contactos con el abogado fueron “estrictamente profesionales”.

Pese a ello, los parlamentarios consideraron que su conducta vulneró los principios de probidad y transparencia exigidos a un juez de la República.

Rechazo previo de la Corte Suprema

Cabe recordar que la Corte Suprema había descartado remover a Ulloa, tras un proceso disciplinario que no logró reunir los votos necesarios en el pleno del tribunal.

Sin embargo, el Congreso sí estimó que los antecedentes eran suficientes para aprobar la acusación constitucional, lo que fue confirmado con una votación favorable en el Senado.

Con esto, Ulloa deja definitivamente la Corte de Apelaciones y queda impedido de ocupar cargos públicos durante los próximos cinco años.

Contexto político y repercusiones

La decisión se enmarca en un complejo escenario judicial tras el Caso Audios, donde se investigan posibles actos de corrupción y tráfico de influencias.
El fallo fue valorado por sectores oficialistas como una señal de rendición de cuentas en el sistema judicial, mientras que desde la oposición advirtieron sobre posibles motivaciones políticas en el proceso.