El candidato del Partido Nacional Libertario planteó un endurecimiento total del sistema penal: cárcel efectiva por delitos menores, trabajo obligatorio para reos y una política de mano dura contra quienes desafíen a Carabineros y las FF.AA.

El candidato presidencial Johannes Kaiser propuso un drástico cambio en el sistema de penas chileno, que incluye prisión efectiva aun por delitos de baja connotación económica. “Si usted se roba un Súper 8 … se va a ir por lo menos cinco días preso”, afirmó en declaraciones públicas sobre su plan para endurecer el cumplimiento de penas.

Kaiser explicó que la idea es enviar “una señal política” para que “todo delito pague”, aumentando la capacidad carcelaria y eliminando, según él, la “falta de aplicación de la ley” actual.

Trabajo obligatorio y pago de sus alimentos dentro de la cárcel

En su discurso, el candidato sostuvo que los privados de libertad deberán trabajar para reducir penas y “pagarse su propia comida”, como parte de una reforma que, dijo, también afectaría a “muchos políticos”. Bajo su plan, quien quiera rebajar la pena tendría que “ganarse el pan con el sudor de su frente”, reiteró ante sus adherentes.

Reformas al sistema de investigación y justicia

Kaiser anunció además la intención de reformar el Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía y el Poder Judicial, y “devolver las facultades de investigar” a las policías, argumentos que en su discurso vinculó a una visión represiva de la seguridad pública.

“Plomo” contra quienes no respeten a Carabineros y a las FF.AA.

En un pasaje que generó fuerte polémica, el candidato advirtió que la soberanía se impondrá “en cada centímetro” y afirmó que, a quienes se opongan a la labor de Carabineros o las Fuerzas Armadas, “al que se oponga… plomo”. La frase, pronunciada ante sus seguidores, fue interpretada por críticos como un llamado a la violencia y motivó denuncias de riesgo para el debate democrático.

Reacciones y contexto político

Las propuestas de Kaiser se enmarcan en una campaña marcada por discursos de mano dura en materia de seguridad. Diferentes actores políticos y organizaciones civiles han cuestionado la proporcionalidad de sus medidas y la compatibilidad de expresiones como “plomo” con estándares democráticos y de derechos humanos.