Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se entregó voluntariamente a Carabineros tras una orden de detención emitida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Es investigado junto a otros abogados por presunto tráfico de influencias en la causa conocida como “Muñeca Bielorrusa”, que involucra millonarias sumas vinculadas a Codelco y una empresa bielorrusa.

El caso, liderado por la Fiscalía Regional de Los Lagos, investiga presuntas irregularidades cometidas por Gonzalo Migueles, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, además de la exministra Ángela Vivanco, en torno a la tramitación judicial de un litigio entre la empresa Belaz Movitec SpA, de origen bielorruso, y la estatal Codelco.

Según los antecedentes, la disputa surgió luego de un contrato incumplido que derivó en un fallo inicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó, donde se ordenó a la empresa extranjera pagar 20 millones de dólares a la minera chilena.

Reversión del fallo en la Corte Suprema

El conflicto escaló cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de manera extraordinaria por Ángela Vivanco, revirtió la sentencia, determinando que Codelco debía pagar los 20 millones de dólares a la empresa bielorrusa, más otros cinco millones de dólares adicionales por gastos y compensaciones.

Esta resolución levantó sospechas en el Ministerio Público, que investiga si existieron influencias indebidas o gestiones irregulares para alterar el resultado del fallo judicial.

Allanamientos y entrega voluntaria

Durante la jornada del martes, equipos del OS9 de Carabineros realizaron allanamientos simultáneos en tres inmuebles: uno de ellos, la residencia de la exministra Vivanco.
Horas más tarde, Gonzalo Migueles se presentó en una comisaría de Santiago para cumplir con la orden de detención. También lo hizo el abogado Eduardo Lagos, mientras que Mario Vargas está siendo buscado por la policía.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el procedimiento busca reunir evidencia que respalde la tesis del Ministerio Público sobre tráfico de influencias y prevaricación judicial, delitos que podrían implicar penas de cárcel efectivas.

Reacciones y repercusiones

El caso ha generado impacto en el mundo político y judicial. Desde distintas asociaciones de magistrados se ha pedido respetar el debido proceso, mientras que analistas advierten que el episodio podría afectar la credibilidad del Poder Judicial.

“La independencia judicial no puede ponerse en duda por conductas individuales, pero este tipo de casos socavan la confianza en las instituciones”, comentó un abogado constitucionalista consultado por Tiempo21.

En tanto, desde el entorno de Vivanco se ha señalado que la exministra “está dispuesta a colaborar con la justicia” y que demostrará su inocencia en la causa.