Un segundo balance sobre los sumarios realizados por mal uso de licencias médicas en el sector público realizó este viernes el ministro de Hacienda, Mario Marcel junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Cabe recordar que a raíz del informe de Contraloría General de la República (CGR) que reveló viajes fuera del país de más de 25 mil funcionarios públicos mientras estaban con licencia entre 2023 y 2024, el Ministerio de Hacienda instruyó a las instituciones públicas iniciar procesos disciplinarios contra estas personas e informar su avance 30 días después.

Las autoridades detallaron que se han identificado 8.814 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias en servicios de la Administración Central. Precisaron que, según lo reportado por las
instituciones, hay en curso 7.474 sumarios que involucran a 7.926 funcionarios, concentrándose la mayor
parte de las investigaciones en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud, con 3.353 y 2.428
sumarios, respectivamente.

Los datos actualizados por los servicios también dieron cuenta de incrementos respecto del primer
balance realizado en mayo: las instituciones identificaron 824 funcionarios adicionales involucrados y un
alza de 1.334 personas con sumarios iniciados o por iniciar. Asimismo, 1.468 funcionarios involucrados ya
no se encuentran en labores en el servicio público correspondiente, frente a los 1.102 del mes anterior.

“Hay que recordar que el hecho de que un funcionario renuncie no es moQvo para que no se realice el
sumario correspondiente, porque hay sanciones económicas, procede la devolución de los fondos y
eventualmente situaciones penales de fraude al fisco que Qenen que seguir su curso procesal”, recalcó el
ministro Marcel.

Cabe recordar que los sumarios administrativos disponen de una serie de etapas que no se pueden omitir: primero una investigación de los hechos de una duración de 20 días hábiles prorrogables a 60. Luego corresponde la presentación de descargos en 5 días hábiles, prorrogables en otros 5. Posteriormente la rendición de prueba puede tomar hasta 20 días hábiles y finalmente se destinan 5 días hábiles a la impugnación. También se pueden fijar otros plazos para la realización de diligencias.
Adicional a esto, el 2 de junio la Contraloría impartió instrucciones especiales respecto de la validez de
antecedentes durante la etapa investigativa, que establecían que, para acreditar los hechos identificados
en la fiscalización, era necesario que los distintos servicios solicitarán directamente por oficio la
certificación oficial de la PDI en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente. Hasta ayer, según la información provista por la PDI, había recibido desde los servicios de la administración central cerca de 1.500 solicitudes, de las cuales había respondido un 58%.