UNICEF alerta sobre una realidad invisible que golpea a miles de niños y niñas: la detención temprana, muchas veces por delitos menores, continúa siendo una práctica extendida en la región, con profundas secuelas en su salud mental y futuro.

Un informe reciente de UNICEF reveló que en 2024, más de 34.000 menores de edad fueron privados de libertad en América Latina y el Caribe. La mayoría de estos niños y adolescentes fueron detenidos por delitos menores como el robo de objetos de poco valor, y muchos ni siquiera han sido juzgados: esperan, encerrados, una resolución que a veces tarda meses o años.

“Sabemos que la detención no funciona bien”, advierte Kendra Gregson, asesora de Protección Infantil de UNICEF, quien recalca que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible. Los datos son claros: estar tras las rejas, en lugar de reparar, daña. Trastornos mentales, depresión, violencia, conductas suicidas… las secuelas de este sistema recaen en quienes más necesitan protección, no castigo.

Aunque el número ha bajado desde 2018, pasando de 46.000 a 34.000, la región sigue siendo la segunda en el mundo con más menores detenidos, solo después de Norteamérica. Y el panorama no es alentador: en varios países se discuten leyes para reducir la edad de responsabilidad penal y endurecer las penas, a pesar de la falta de evidencia sobre su efectividad.

UNICEF insiste en que las alternativas existen: justicia restaurativa, libertad condicional, trabajo comunitario, apoyo psicosocial. Acciones que no solo reducen la reincidencia, sino que permiten a los jóvenes reconstruir sus vidas fuera del encierro.